Cambios en extranjería en España tras las elecciones de 2026
Cambios en extranjería en España tras las elecciones de 2026: qué podría cambiar en la regularización, los arraigos, la nacionalidad española y los visados.
EXTRANJERÍA ESPAÑA
El 5 de octubre de 2026, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de elecciones para el domingo 29 de noviembre. La decisión se produjo tras la derrota parlamentaria de dos reales decretos-leyes en materia de vivienda. La campaña electoral comenzará el 13 de noviembre.
Las encuestas publicadas en los últimos meses coinciden en que PP y Vox sumarían mayoría absoluta. Un sondeo de Ipsos para La Vanguardia les atribuía 196 escaños, y el de Sigma Dos para El Mundo, con trabajo de campo concluido el 1 de octubre, los sitúa en 203.
Es importante señalar que, una encuesta no es un resultado. Sin embargo, la probabilidad de un cambio de mayoría justifica analizar sus consecuencias para la población extranjera residente en España y para quienes proyectan trasladarse.
El sistema electoral y la formación de Gobierno
En España, el electorado no elige directamente al presidente del Gobierno. Las elecciones generales renuevan las dos cámaras de las Cortes Generales:
Congreso de los Diputados. Se eligen 350 diputados en 52 circunscripciones (las 50 provincias, más Ceuta y Melilla) mediante listas cerradas y bloqueadas. Los escaños se asignan de forma proporcional conforme a la fórmula D'Hondt, entre las candidaturas que superen el 3% de los votos válidos de cada circunscripción (arts. 161 a 163 de la LOREG). Cada provincia tiene asignado un mínimo de dos diputados, lo que otorga mayor peso relativo a las circunscripciones menos pobladas.
Senado. Se eligen por sufragio directo 208 senadores, cuatro por provincia peninsular, con reglas especiales para los territorios insulares, Ceuta y Melilla. El sistema es mayoritario, de voto limitado y listas abiertas. A ellos se suman los senadores designados por los parlamentos autonómicos (art. 69 CE).
Las cámaras deben reunirse dentro de los 25 días siguientes a la elección (art. 68.6 CE). A continuación se abre el procedimiento de investidura del artículo 99 de la Constitución:
Tras consultar con los representantes de los grupos políticos, el Rey propone un candidato a través de la Presidencia del Congreso.
El candidato expone su programa y solicita la confianza de la cámara. En primera votación se requiere mayoría absoluta (176 votos); en una segunda, 48 horas después, basta la mayoría simple.
Si transcurren dos meses desde la primera votación sin que ningún candidato obtenga la confianza, se disuelven las Cortes y se convocan nuevas elecciones.
En consecuencia, la pérdida de la mayoría parlamentaria y el cambio de presidente no son escenarios distintos. Si los grupos que hoy sostienen al Gobierno no alcanzan la mayoría necesaria, el Congreso investirá a otro candidato: previsiblemente Alberto Núñez Feijóo, con apoyo externo de Vox o en coalición con este partido.
El Senado no interviene en la investidura, pero sí en el procedimiento legislativo. Puede vetar o enmendar los textos aprobados por el Congreso, aunque este puede levantar el veto (art. 90 CE). Las leyes orgánicas exigen, además, mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto (art. 81 CE).
Dos precisiones temporales:
Hasta el 29 de noviembre, el Gobierno conserva plenas facultades.
Tras las elecciones, queda en funciones y solo puede atender el despacho ordinario hasta que tome posesión el nuevo Gobierno (art. 101 de la Constitución y art. 21 de la Ley 50/1997, del Gobierno).
Además, con la disolución decaen las iniciativas que estaban en trámite, entre ellas la reforma para facilitar la nacionalidad española a personas saharauis.
Elecciones 29 de noviembre 2026:
Efectos en extranjería en España
El resultado del 29 de noviembre no modificará la legislación de forma inmediata. No obstante, un nuevo Gobierno dispone de instrumentos para alterar el Reglamento y los criterios de aplicación en un plazo de meses. Las solicitudes presentadas conforme a la normativa vigente constituyen, en este contexto, la mejor garantía.
Dado que cada situación presenta particularidades que pueden verse afectadas de forma distinta por un eventual cambio normativo, le recomendamos agendar una reunión de asesoramiento con nuestros abogados especializados en extranjería. En ella analizaremos su caso concreto, identificaremos los trámites que conviene iniciar antes de cualquier reforma y definiremos la estrategia más adecuada para proteger su situación jurídica en España.
En JB Legal contamos con abogados habilitados para el ejercicio profesional tanto en España como en México. Analizamos cada caso de forma individualizada y acompañamos a nuestros clientes en la preparación y presentación de sus solicitudes ante la Administración española.
Conclusión
Qué puede modificar el Gobierno y qué exige una reforma a la legislación
Beneficiarios de la regularización extraordinaria. El procedimiento concluyó el 30 de junio con 1.174.978 solicitudes, de las cuales 609.737 se habían tramitado a principios de julio. La autorización concedida tiene una vigencia de un año, transcurrido el cual sus titulares deben acceder a las figuras ordinarias del Reglamento. Estas transiciones se producirán en 2027, previsiblemente bajo el nuevo Gobierno, que podría modificar por real decreto los requisitos de acceso a dichas figuras.
En sede judicial, el Tribunal Supremo denegó la suspensión cautelar del real decreto y descartó plantear una cuestión prejudicial ante el TJUE. Aún debe pronunciarse sobre el fondo de los recursos, entre ellos los interpuestos por la Comunitat Valenciana y Aragón. Al resolver sobre las medidas cautelares, el Tribunal señaló que la regularización sería reversible si se declarara su nulidad.
Cuestión distinta, y discutible, es el alcance de una eventual anulación sobre las autorizaciones ya concedidas y firmes. El artículo 73 de la LJCA establece que la anulación de una disposición general no afecta por sí misma a los actos firmes que la hayan aplicado antes de que la anulación produzca efectos generales. A nuestro juicio, una revocación generalizada de autorizaciones firmes enfrentaría obstáculos jurídicos considerables.
Arraigo y renovaciones. El RD 1155/2024 redujo de tres a dos años el periodo de permanencia exigido para el arraigo. Al tratarse de un requisito reglamentario, su modificación no requeriría intervención parlamentaria. Las reformas reglamentarias en esta materia suelen incluir disposiciones transitorias que someten los procedimientos en curso a la normativa vigente en el momento de su inicio, aunque ello dependerá del contenido de cada reforma.
Nacionalidad por residencia. El plazo de dos años de residencia legal y continuada exigido a los nacionales de países iberoamericanos está previsto en el artículo 22.1 del Código Civil, por lo que su modificación exige una ley. En cambio, las pruebas de integración se regulan en el RD 1004/2015. La prueba CCSE es obligatoria; el DELE A2 no se exige a los nacionales de países de lengua oficial española. Ambas podrían endurecerse por vía reglamentaria, en línea con la propuesta del PP.
Nuevos residentes. La estancia por estudios y la residencia no lucrativa se rigen por el Reglamento; la autorización para teletrabajo de carácter internacional (nómada digital), por la Ley 14/2013. No hemos identificado en los programas publicados propuestas específicas de supresión de estas figuras. El debate se concentra en la inmigración laboral y en la irregular, y el visado por puntos propuesto por el PP valoraría positivamente la hispanidad. Con independencia del resultado, sí puede variar el criterio con que los consulados valoran los expedientes.
Propuestas de los principales partidos
Partido Popular. Su Plan Nacional de Inmigración contempla un visado por puntos para la migración laboral que ponderaría formación, idioma e integración. La hispanidad sería un factor positivo, con cupos anuales por país y sector para los Estados que colaboren en la repatriación o el control de flujos. El plan incluye también el endurecimiento de los requisitos de acceso a la nacionalidad, la expulsión automática de los condenados por delitos graves y la ampliación del plazo máximo de internamiento en CIE. Las dos últimas medidas exigirían reformar la LOEX.
Respecto de la regularización, el presidente del PP se ha manifestado en contra. Defiende, en su lugar, regularizaciones individuales sujetas a contrato de trabajo, compromiso de integración y ausencia de antecedentes penales y policiales.
Vox. Ha promovido en el Congreso la derogación de la regularización y del régimen de asistencia sanitaria a personas en situación irregular. Propone también el retorno de quienes se encuentren en situación irregular y la aplicación de lo que denomina "prioridad nacional" en el acceso a prestaciones, servicios públicos y vivienda. En el Senado propuso, además, suspender la concesión de autorizaciones de residencia y trabajo y de la nacionalidad mientras persista lo que califica como crisis migratoria.
PSOE y sus socios. Defienden el mantenimiento del marco actual: el Reglamento de 2024, la regularización de 2026 y el RD 180/2026, que regula la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos de las personas extranjeras sin residencia legal.
Límites jurídicos. A nuestro juicio, algunas de estas propuestas encontrarían límites en el Derecho de la Unión. La Directiva 2003/109/CE exige, para expulsar a un residente de larga duración, una amenaza real y suficientemente grave valorada de forma individual (art. 12), y le garantiza igualdad de trato en prestaciones sociales y vivienda (art. 11).
Impacto previsible según la situación de cada persona
Como puede observarse, las cuestiones que inciden de forma más directa en la tramitación ordinaria (arraigos, renovaciones, estancias por estudios o residencia no lucrativa) dependen del Reglamento y de los criterios de gestión.
Un nuevo Gobierno podría, por tanto, modificarlas sin pasar por las Cortes, en un plazo de meses.
En cambio, el régimen de la nacionalidad, la autorización para nómadas digitales y los preceptos orgánicos de la Ley de Extranjería solo pueden alterarse mediante una norma con rango de ley, lo que exige la intervención del Parlamento y plazos considerablemente más largos.
La regularización extraordinaria de 2026 es claro ejemplo de este punto. Se instrumentó mediante el RD 316/2026, que modificó el Reglamento sin intervención de las Cortes.
Por la misma vía, un Gobierno distinto podría modificar el Reglamento hacia el futuro. La tramitación de un real decreto de este tipo suele requerir varios meses; las instrucciones, en cambio, pueden dictarse de inmediato.
El factor determinante no es solo quién gobierne, sino el rango de la norma que se pretenda modificar. Para facilitar su comprensión, hemos preparado la siguiente tabla, que resume las principales normas en materia de extranjería y el órgano competente para reformarlas.
Colegios y Asociaciones que nos respaldan
El uso y explotación de los logos y marcas antes citadas son propiedad exclusiva de sus titulares. La presente referencia solo tiene carácter informativo ante el público consultor.
Formamos parte de distintas barras, colegios y asociaciones profesionales que respaldan nuestra práctica y nuestro compromiso con los más altos estándares éticos, técnicos y de calidad.
Recomendaciones
Contáctenos hoy y solicite una consulta con nuestros abogados para valorar su caso y definir la estrategia más conveniente.
Ante la posibilidad de un cambio normativo tras el 29 de noviembre, el factor tiempo adquiere especial relevancia. Si su expediente ya reúne los requisitos para un arraigo, una renovación, una modificación o la nacionalidad, lo prudente es presentar la solicitud sin demora, a fin de que se tramite conforme a la normativa hoy vigente.
Si es usted beneficiario de la regularización extraordinaria, le aconsejamos preparar desde ahora la acreditación de los requisitos de la figura ordinaria a la que deberá acceder al término de su autorización: contrato de trabajo, cotizaciones a la Seguridad Social, empadronamiento y demás documentación. Del mismo modo, si está próximo a cumplir el plazo de residencia exigido para la nacionalidad, conviene superar cuanto antes la prueba CCSE y, en su caso, el DELE A2. Y si proyecta trasladarse a España, la tramitación consular debe iniciarse con margen suficiente, dado que los plazos pueden prolongarse varios meses.
Por último, durante la campaña electoral es previsible que circulen informaciones imprecisas sobre la política migratoria.
Antes de adoptar cualquier decisión sobre su situación, recomendamos contrastar la información con fuentes oficiales o con un abogado especializado.
Servicios destacados
Todos los Derechos reservados ©JBLEGAL, S.C.
Con un enfoque de negocios, manejamos sus procesos legales para la obtención de óptimos resultados.
Contáctanos
Llámanos al 55 1328 3994
____________________________________
Síguenos en redes sociales
Garantía de alta calidad y total transparencia.